Guantánamo: Los desconocidos antes conocidos como
combatientes enemigos
16 de marzo de 2009
Andy Worthington
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Cambiar los nombres de las cosas fue una estratagema utilizada por la administración
Bush en un intento de justificar algunas de sus actividades menos aceptables.
En respuesta a los atentados del 11-S, por ejemplo, la nación no se vio
envuelta en una persecución limitada de un grupo de criminales responsables de
los ataques, sino que se embarcó en una "Guerra contra el Terror" de
duración indefinida. En consonancia con este "nuevo paradigma", a los
prisioneros capturados en esta "guerra" se les denominó
"detenidos", y no se les mantuvo ni como sospechosos de delitos ni
como prisioneros de guerra, protegidos por los Convenios de Ginebra, sino como
"combatientes enemigos", sin ningún tipo de derechos. Más tarde,
cuando la administración buscó nuevas formas de interrogar a algunos de estos
hombres, las técnicas que respaldó no se denominaron tortura -aunque muchas de
ellas claramente lo eran-, sino que se describieron como "técnicas de
interrogatorio mejoradas."
Está claro que la administración Obama ha aprendido un par de trucos de sus predecesores. En su
respuesta a una petición judicial de aclaración del significado del término
"combatiente enemigo", para su uso en las revisiones del habeas
corpus de los presos de Guantánamo (que se iniciaron a raíz de una
trascendental decisión del Corte
Supremo el pasado mes de junio), el nuevo gobierno ha respondido al desafío
con un astuto juego de manos. En un comunicado
de prensa, el Departamento de Justicia anunció que había abandonado el uso
del término "combatiente enemigo" y que había ajustado su definición
de las personas que pueden ser detenidas de modo que, en lugar de retener a
personas que "formaban parte o apoyaban a fuerzas talibanes o de Al Qaeda
o a fuerzas asociadas que participan en hostilidades contra Estados Unidos o
sus socios de la coalición", las personas que apoyaban a Al Qaeda o a los
talibanes "sólo pueden ser detenidas si el apoyo era sustancial".
Como propaganda que suena benigna, en contraste con la arrogante versión de la administración Bush,
que casi siempre manifestaba un desdén tangible por el Congreso y el poder
judicial, este anuncio tiene el atractivo barniz del "cambio" que
Barack Obama prometió a lo largo de su campaña electoral, pero en términos
prácticos nada ha cambiado realmente. Los presos son ahora unos don nadie, sin etiqueta
alguna que defina su peculiar existencia extralegal, y toda la justificación
para retenerlos sin cargos ni juicio -y los atroces errores cometidos en el
camino- siguen sin abordarse.
En su presentación ante el Tribunal de Distrito (PDF), entregada en respuesta a una fecha límite
del 13 de marzo, el gobierno dejó claro que, en gran medida, todo seguía igual.
En su salva inicial, el Departamento de Justicia alegó que las leyes de la
guerra, que "incluyen una serie de prohibiciones y obligaciones... desarrolladas
a lo largo del tiempo" y que "han sido codificadas periódicamente en
tratados como los Convenios de Ginebra", o se han "convertido en
derecho internacional consuetudinario", están sin embargo "menos
codificadas con respecto a nuestro actual y novedoso tipo de conflicto armado
contra grupos armados como Al Qaeda y los talibanes".
Con este "tipo actual y novedoso de conflicto armado" como una versión más aceptable de
la "Guerra contra el Terror" de la administración Bush, el
Departamento de Justicia procedió a defender la autoridad del Presidente, según
los términos de la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, que fue
aprobada por el Congreso pocos días después de los atentados, "para
detener a personas que él determine que planearon, autorizó, cometió o ayudó a
cometer los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, y a las
personas que dieron cobijo a los responsables" de los atentados, así como
a "las personas cuya relación con Al Qaeda o los talibanes, en
circunstancias análogas en un conflicto armado internacional tradicional, las
haría detenibles"."
Esta afirmación levanta una segunda bandera de alarma, ya que esta pieza legislativa,
terriblemente abierta, puede haber sido apropiada en su momento, pero fue
utilizada por la administración Bush como la piedra angular sobre la que se
basaron todas sus incursiones posteriores en acciones ilegales e
inconstitucionales (incluyendo, cabe señalar, mantener a estas "personas
detenidas" sin cargos ni juicio en Guantánamo durante siete años), y es
desconcertante darse cuenta de que una conversación que deberíamos estar
manteniendo -que implica responder a la pregunta: "¿Es justificable, siete
años y siete meses después de los atentados del 11-S, afirmar que seguimos
implicados en una 'guerra' indefinida y mal definida?" - ha sido, en
cambio, dejada de lado.
Otros indicios inquietantes de que poco, o nada, ha cambiado se encuentran en la explicación
del gobierno sobre quiénes, según afirma, pueden ser detenidos como "Nadie
antes conocido como combatiente enemigo" en el "El actual y novedoso
tipo de conflicto armado". A pesar de afirmar que estos hombres deben
haber "apoyado sustancialmente" a los talibanes, Al Qaeda u otros
grupos asociados, el Departamento de Justicia declaró específicamente que tiene
autoridad para detener no sólo a "quienes formaban parte de las fuerzas de
Al Qaeda y los talibanes", sino también a otros "miembros de las
fuerzas enemigas", incluso si "no han cometido o intentado cometer
realmente ningún acto de depredación ni han entrado en el teatro o zona de
operaciones militares activas,"y añade: "Las pruebas pertinentes para
determinar que una persona se unió a las fuerzas de Al Qaeda o los talibanes o
pasó a formar parte de ellas pueden ir desde la pertenencia formal, por ejemplo
mediante un juramento de lealtad, hasta pruebas más funcionales, como el
entrenamiento con Al Qaeda (como se refleja en algunos casos en la estancia en
pisos francos de Al Qaeda o los talibanes que se utilizan habitualmente para
alojar a reclutas militantes) o la toma de posiciones con fuerzas enemigas."
Esto, por supuesto, hace que la palabra "sustancial" carezca de valor, ya que permite al
gobierno detener a alguien que ni siquiera "intentó cometer ningún acto de
depredación o entró en el teatro o zona de operaciones militares activas"
y que sólo puede haber permanecido en una casa asociada con aquellos que sí
participaron en la militancia, lo que, en mi opinión, no es apoyo
"sustancial" en absoluto. Además, el gobierno afirma que "carece
de importancia que alguien que formaba parte de un grupo armado enemigo cuando
comenzó la guerra haya intentado huir de la batalla u ocultarse como civil en
lugares como Pakistán", lo que de hecho condena como terrorista a
cualquiera que haya viajado a Afganistán antes de los atentados del 11-S para
ponerse del lado de los talibanes contra la Alianza del Norte en la larga
guerra civil intermusulmana de Afganistán (un conflicto que no tenía nada que
ver con Estados Unidos o sus aliados) si estaba presente en Afganistán cuando se
produjeron los atentados del 11 de septiembre.
En este sentido, el pensamiento del gobierno estaba claramente en consonancia con el juez Richard
Leon, el juez del Tribunal de Distrito cuyas resoluciones sobre los casos de
hábeas corpus de diez presos de Guantánamo en los últimos meses dieron lugar a
decisiones por las que seis de los hombres (cinco
bosnios nacidos en Argelia y Mohammed
El-Gharani, ex menor de edad) debían ser puestos en libertad, pero cuatro
podían continuar recluidos. En el caso de uno de los cuatro, el yemení Muaz
al-Alawi, el juez Leon dictaminó que el gobierno había demostrado que
"formaba parte de las fuerzas talibanes o de Al Qaeda o las apoyaba",
porque "se alojó en casas de huéspedes asociadas con los talibanes y Al
Qaeda [...] recibió entrenamiento militar en dos campos distintos estrechamente
asociados con Al Qaeda y los talibanes y apoyó a las fuerzas combatientes
talibanes en dos frentes distintos de la guerra de los talibanes contra la
Alianza del Norte".
Desde el punto de vista de un observador imparcial, por supuesto, el problema de la sentencia del
juez Leon era que ninguna de estas acusaciones estaba relacionada con
"hostilidades contra Estados Unidos o sus socios de la coalición",
pero también respaldaba la afirmación adicional del gobierno de que, "en
lugar de abandonar su unidad talibán tras el 11 de septiembre de 2001",
al-Alawi "permaneció con ella hasta después de que Estados Unidos iniciara
la Operación Libertad Duradera el 7 de octubre de 2001; huyó a Khowst y luego a
Pakistán sólo después de que su unidad fuera objeto de dos o tres bombardeos
estadounidenses."
En otras palabras, el juez Leon dictaminó que Muaz al-Alawi podía seguir detenido porque, a pesar de
haber viajado a Afganistán para luchar contra otros musulmanes antes del 11 de
septiembre de 2001, de haber "afirmado que no estaba asociado con Al
Qaeda" y de haber declarado que "su apoyo a los talibanes y su
asociación con ellos eran mínimos y no estaban dirigidos contra las fuerzas
estadounidenses o de la coalición", seguía en Afganistán cuando ese
conflicto se transformó en una guerra diferente tras la invasión liderada por
Estados Unidos en octubre de 2001. Como admitió Leon en su fallo, "aunque
no hay pruebas de que el peticionario utilizara realmente armas contra las
fuerzas estadounidenses o de la coalición, el Gobierno no necesita probar tales
hechos para que el peticionario sea clasificado como combatiente enemigo según
la definición adoptada por el Tribunal." En el nuevo mundo del
Departamento de Justicia de Obama, lo único que hay que cambiar son las
palabras "combatientes enemigos" -por "Nadie antes conocido como
combatiente enemigo"- y la conclusión es la misma.
Por lo tanto, me siento amargamente decepcionado por los retoques cosméticos de la
administración Obama con la supuesta justificación de su predecesor para
mantener prisioneros en Guantánamo, ya que parece, en el fondo, respaldar las
políticas ilegales introducidas por la administración Bush, y también perpetuar
algunos de sus errores más perjudiciales. A pesar de las afirmaciones del
Departamento de Justicia de que su posición "se basa en las leyes
internacionales de la guerra para informar la autoridad legal conferida por el
Congreso", la administración Obama, en realidad, ha respaldado
incondicionalmente la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (el
documento fundacional de la "Guerra contra el Terror"), no ha
demostrado que tenga ninguna voluntad de despreciar las afirmaciones de la
administración Bush de que los prisioneros pueden ser retenidos sin ser ni
sospechosos criminales ni prisioneros de guerra, ha respaldado la decisión de
su predecesor de equiparar a los talibanes con Al Qaeda, a pesar de que nunca
hubo ninguna justificación para hacerlo, ha pasado por alto el hecho de que la
mayoría de los prisioneros fueron comprados a cambio de recompensas (PDF) y
nunca fueron examinados de acuerdo con las Convenciones de Ginebra, ha ignorado
el hecho de que las pruebas contra ellos (ya fueran de apoyo
"sustancial" o no) fueron a menudo extraídas mediante el uso
de la tortura, la coacción
o el soborno, y también ha defendido el autoproclamado derecho de la
administración Bush a detener como "sospechosos de terrorismo" a
figuras manifiestamente periféricas en el conflicto afgano."
Para una última demostración de lo absurdo de la postura de la administración Obama, me
gustaría volver a otro de los casos revisados por el juez Leon, el de Ghaleb
Nasser al-Bihani, un yemení que había servido como cocinero para los
talibanes y un grupo afiliado de reclutas árabes. En un veredicto que también
encaja con la definición inquietantemente laxa de "apoyo sustancial"
de la nueva administración, el juez Leon dictaminó que "servir fielmente
en una unidad de combate afiliada a Al Qaeda que está apoyando directamente a
los talibanes ayudando a preparar las comidas de toda su fuerza de combate es
más que suficiente para cumplir la definición de "apoyo" de este
Tribunal", y añadió: "Después de todo, como le gustaba señalar a
Napoleón, 'Un ejército marcha sobre su estómago'".
Para calibrar hasta qué punto esto es erróneo, basta comparar el caso de al-Bihani con el de otro
preso yemení, Salim Hamdan. El pasado mes de agosto, Hamdan, chófer de Osama
bin Laden, fue juzgado
en Guantánamo en las Comisiones Militares concebidas por el vicepresidente Dick
Cheney y sus asesores cercanos (incluido, en particular, su asesor jurídico
David Addington), condenado
y enviado
a casa en noviembre para cumplir las últimas semanas de una condena de cinco
meses dictada por un jurado militar. Como escribí cuando el juez Leon dictó su
sentencia sobre al-Bihani, "Hamdan es ahora un hombre libre, mientras que
a al-Bihani, un hombre que nunca conoció a Osama bin Laden, y mucho menos lo
condujo, un juez de un tribunal federal estadounidense le acaba de decir que el
gobierno tiene derecho a retenerlo para siempre porque cocinó la cena para los
talibanes".
Y añadí: "Si el presidente Obama está realmente preocupado por la justicia, tiene que actuar
con rapidez para atajar esta escuálida situación, que no contribuye en nada a
deshacer el desprecio y la burla de la anterior administración hacia las leyes
sobre las que se fundó Estados Unidos". Eso fue hace sólo siete semanas,
pero ahora, a pesar de sus bonitos pronunciamientos de agosto de 2007, cuando
declaró: "Volveremos a dar ejemplo al mundo de que la ley no está sujeta a
los caprichos de gobernantes testarudos, y de que la justicia no es arbitraria",
parece que a Barack Obama no le importa, y que sus simpatías están mucho más en
línea con la justicia arbitraria instigada por esos "gobernantes
testarudos" -George W. Bush, Dick Cheney, David Addington y Donald
Rumsfeld- que con el juez militar y los jurados militares implicados en el caso
de Salim Hamdan, quienes, de hecho, establecieron un límite de siete años para
la detención de actores menores en la "Guerra contra el Terror" al
condenar a Hamdan a una sentencia corta, a pesar de haberle declarado culpable
de "proporcionar apoyo material al terrorismo."
En los análisis realizados a lo largo de los años, los funcionarios de inteligencia han
afirmado que no
más de 50 de los presos de Guantánamo tenían alguna conexión significativa
con Al Qaeda, los talibanes u otros grupos terroristas. Según ese razonamiento,
la administración Obama debería estar trabajando a toda máquina para liberar a
los otros 190 presos lo antes posible. Sin embargo, según su propia definición
de "apoyo significativo" a estas organizaciones, la administración ha
planteado, en cambio, la posibilidad de que, tras siete años de encarcelamiento
en condiciones que deberían ser motivo de vergüenza para cualquier sociedad
civilizada, a un gran número de estos prisioneros -estos "Nobodies
Formerly Known as Enemy Combatants"- les quede todavía un largo camino por
recorrer antes de que puedan esperar ver el final de su calvario.
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